Autoridades

Cecilia Vaca Jones

Ministra Coordinadora de Desarrollo Social

Etzon Romo

Viceministro Coordinador de Desarrollo Social

Equipo de trabajo de Seguridad Social

Felipe Ante Levoyer – Asesor Ministerial

Fernando Gálvez Castillo – Asistente Técnico de Investigación

Rafael Gómez Gordillo – Becario del Programa Prometeo

María Rosario Maldonado Cabrera – Gerente de Seguridad Social

Andrea Toledo Guerrero – Asesora Ministerial

Fabián Vallejo Luzuriaga – Analista de Seguridad Social

Mónica Vinueza Flores – Asesora Ministerial

Coordinación general y edición de contenidos

María Rosario Maldonado Cabrera

Coautores

María Rosario Maldonado Cabrera

Fabián Vallejo Luzuriaga

Colaboración

Andrea Toledo – Marco conceptual: análisis de hecho

Mónica Vinueza – Marco conceptual: análisis de derecho

Presentación

Cecilia Vaca Jones

Ministra Coordinadora de Desarrollo Social

Resumen ejecutivo

En este sentido, y con el fin de viabilizar su incorporación a la seguridad social, se han establecido cuatro niveles socioeconómicos, en los que se categorizará a cada afiliado. Dentro del nivel de subsistencia se encontrarán las familias que tengan ingresos menores al 50% del SBU (salario básico unificado). En el nivel medio estarán las familias con ingresos iguales o superiores al 50% del SBU e inferiores al 100% del SBU. En el nivel medio alto se encontrarán las personas cuyos ingresos sean iguales o superiores al 100% del SBU e inferiores al 150% del SBU. Y, finalmente, en el último nivel se encontrarán las personas con ingresos iguales o superiores al 150% del SBU, categoría que corresponderá al nivel alto.

Al 2015, el número de potenciales personas afiliadas2 al esquema de trabajo no remunerado del hogar será de 1,5 millones de personas, las mismas que tendrán acceso a las siguientes contingencias: pensiones por vejez, incapacidad permanente total y absoluta, viudedad, orfandad y auxilio de funerales.

En este estudio se analiza la factibilidad financiera de incorporar al esquema de seguridad social a las personas trabajadoras no remuneradas, para lo cual se utiliza los modelos de proyecciones demográfico-financieras de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), adaptados por el MCDS (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social) a la realidad ecuatoriana, con información de la Encuesta de Empleo y Desempleo, proyecciones de la población y la PEA del CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía), y supuestos económicos con información del Banco Central y la Programación Macroeconómica de 2014. Las hipótesis de construcción del modelo y el proceso de generación de las prestaciones lo convierten en un modelo paramétrico, determinístico y de grupo abierto.

Los principales resultados de este estudio dan cuenta de que la incorporación del trabajo no remunerado del hogar es sostenible a lo largo de cuarenta años de proyección. La tasa de cotización establecida en 13,25% es suficiente para cubrir las prestaciones antes descritas. Los gastos prestacionales representan, en promedio, menos del 5% de la masa cotizable en el período de proyección

1. 1  Término empleado en la Encuesta de Empleo y Desempleo de diciembre de 2014.
2. 2  Se denominan potenciales afiliadas a las personas trabajadoras no remuneradas del hogar de entre 15 y 50 años de edad. Para una explicación detallada, ver la sección 6.3.2. de cuarenta años. Se realizó un escenario de sensibilidad para conocer si los resultados se mantienen ante cambios en el ajuste anual de las pensiones, y se llegó a la misma conclusión: la incorporación del trabajo no remunerado es factible para el período de proyección establecido.

En conclusión, la incorporación de las personas trabajadoras no remuneradas del hogar es posible, siempre que se cumpla los requisitos para acceder a las prestaciones y los niveles de ingreso esperados. La constitución de las reservas técnicas que servirán para financiar las futuras prestaciones es parte fundamental de los supuestos del modelo, ya que este esquema se diseña bajo el régimen financiero de capitalización parcial colectiva.

El presente estudio de sostenibilidad financiera y actuarial tiene la finalidad de determinar la posible evolución futura del flujo de ingresos y gastos de esta propuesta de afiliación, y de esta manera conocer bajo qué condiciones es factible la concesión de las prestaciones económicas a las personas trabajadoras no remuneradas del hogar.

Esta investigación es el sustento técnico para la toma de decisiones de política pública, y los resultados fueron presentados al señor Presidente Constitucional de la República en un taller realizado el 31 de octubre de 2014. Para su elaboración se tomó en consideración las recomendaciones realizadas por la International Actuarial Association en el documento “International Standard of Actuarial Practice 2 (ISAPs) – Financial Analysis of Social Security Programs”, las recomendaciones de la Asociación Internacional de Seguridad Social, y los lineamientos emitidos en el “Actuarial Standard of Practice No. 32 – Social Insurance” del Actuarial Standard Board.

El análisis de la sostenibilidad, que realizó el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, utilizó el modelo actuarial ILO-PENS, que fue desarrollado por la OIT para el estudio de sistemas previsionales de pensiones. El modelo fue adaptado y calibrado a la realidad en cuanto a información, funcionamiento y leyes vigentes del Ecuador; tiene como punto de partida la información de la Encuesta de Empleo y Desempleo a diciembre de 2013; y se realiza una proyección para cuarenta años, utilizando las proyecciones de población del CELADE y la metodología de proyección actuarial de la OIT.

El presente informe contiene siete apartados empezando por la introducción. En el capítulo dos se encuentran los antecedentes, donde se realiza un breve recuento del trabajo que ha realizado el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social desde que asumió el compromiso, con el Presidente de la República, de trabajar una propuesta de reforma a la seguridad social. En el capítulo tres se presenta el marco conceptual, que nos permite dimensionar la ruptura de los paradigmas vigentes que caracteriza esta propuesta. En el capítulo cuatro se presenta la propuesta de incorporación de las personas trabajadoras no remuneradas, ligada al esquema de administración de las prestaciones y al régimen financiero vigente. En el capítulo quinto se realiza una primera aproximación a las características de la población objetivo, y, posteriormente, en el capítulo seis, se presenta las proyecciones actuariales y los supuestos utilizados asociados a la población, el mercado laboral, supuestos económicos, proyecciones de salarios, la metodología de evaluación, los resultados y el análisis de sensibilidad. Finalmente, en el séptimo capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones.

Es importante mencionar que los resultados del presente estudio deben ser interpretados en el contexto y cumplimiento de las hipótesis, modelos, estructuras y proyecciones utilizadas.

2 Antecedentes

Finalmente, el proyecto de ley, que también incluyó reformas al Código de Trabajo, se entregó a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, el día 15 de noviembre de 2014, en un acto público celebrado en la ciudad de Guayaquil, en conmemoración del 15 de noviembre de 1922.

El proyecto presentado no es el primer esfuerzo por incorporar a la seguridad social a las personas trabajadoras no remuneradas del hogar. El Consejo Nacional de la Mujer realizó un primer intento para elaborar una propuesta que sustente conceptual y técnicamente la incorporación de este colectivo. Así como también varias asambleístas, en el período de gobierno, plantearon propuestas de reformas a la Ley de Seguridad Social que viabilizaran su afiliación, las cuales se detallan en el apartado siguiente.

2.1 Estudios anteriores

A finales del año 2008, el Consejo Nacional de Mujeres, en convenio con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, inició una investigación que “tiene el objeto de diseñar el seguro social de protección para mujeres que realizan trabajo doméstico no remunerado”4, trabajo que concluyó a finales del año 2009.

En este estudio actuarial5 se utiliza como población de referencia a las mujeres de 12 años de edad y más que no se encuentran dentro de un esquema de aseguramiento público o privado. Se divide a la población por niveles de ingreso, y la incorporación a este nuevo esquema se realiza en tres etapas: en la primera se incorpora a las mujeres del primer y segundo quintil, ya que requieren protección urgente y se plantea que esta esté a cargo del Estado; en la segunda etapa se incorpora al tercer quintil; y en la etapa final se realiza la inclusión del cuarto y quinto quintiles.

Las prestaciones que se proponen conceder, según el estudio, son: pensión por vejez, pensión por invalidez, prestación económica para auxilio por funerales y servicios de atención en salud. El monto de las prestaciones económicas es diferenciado de acuerdo al quintil.

4. 4  Patricia Polo. “Producto de consultoría No. 1 Informe del Estudio socio-demográfico de la demanda: identificación de las características principales de las mujeres que realizan trabajo doméstico no remunerado en sus hogares y sus perspectivas o expectativas de beneficio. Condiciones deseables y aceptables para su incorporación al Seguro Social” (Quito: Consejo Nacional de Mujeres y Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2009), 3.
5. 5  Laura Lalama. “Producto de consultoría No. 4 Estudio actuarial y fuentes de financiamiento” (Quito: Consejo Nacional de Mujeres y Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2009), 13.

La prestación por vejez corresponde a una pensión vitalicia mensual post pagada que se entrega cuando la afiliada cumpla los requisitos de acceso al beneficio, que son, como mínimo: 25 años de cotización y 55 años de edad; o, 20 años de cotización y 60 años de edad; o, 15 años de cotización y 65 años de edad; o, 10 años de cotización y 70 años de edad.

La prestación por invalidez corresponde a una pensión vitalicia mensual post pagada que se entrega a la afiliada cuando “adquiera una discapacidad proveniente del desarrollo de las labores del hogar”6, sin período de espera.

El auxilio por funerales se plantea como una prestación económica de un solo pago, que se entrega ante el fallecimiento de la afiliada, siempre que haya cotizado, al menos, tres meses, y tiene la finalidad de cubrir los gastos del funeral.

Mientras que la prestación de salud corresponde a servicios de promoción, prevención y atención en salud, sin período de espera.

El propósito del estudio fue encontrar las primas suficientes que harían sostenibles cada una de las prestaciones económicas en un período de proyección de cincuenta años, mientras que los servicios de salud se proyectaron para 16 años.

Así, las primas suficientes que se estimaron para las prestaciones económicas antes descritas fueron: 11,35% para vejez, 1,37% para invalidez y 1,28% para auxilio por funerales. Estas tasas sumadas dan un total de 14%, sin tomar en cuenta la prestación por salud.

Es necesario destacar que la tasa estimada por el estudio realizado por CONAMU-PUCE se encuentra cerca de la establecida en la presente propuesta realizada por el MCDS; aun cuando existen diferencias en el modelo y los supuestos utilizados.

2.2 Proyectos de ley precedentes

Entre mayo de 2009 y diciembre de 2014 se presentaron ocho proyectos de ley con el objetivo de incorporar a las personas trabajadoras no remuneradas del hogar a la seguridad social. Algunos proyectos proponían una reforma a la actual Ley de Seguridad Social, y otros, una ley específica para este grupo prioritario (ver Anexo 1).

La mayor parte de los proyectos de reforma se centraron en la incorporación de mujeres que realizan trabajo no remunerado del hogar, también llamado trabajo doméstico no remunerado en el hogar. Algunos proyectos son más amplios e incluyeron a las jefas de familia, madres solteras, a las personas que se encuentran desempleadas, mujeres embarazadas, personas que padecen enfermedades catastróficas, y también incorporan un nuevo régimen de asistencia social que protege a las adultas mayores. Solo un proyecto focaliza el grupo objetivo en las mujeres perceptoras del Bono de Desarrollo Humano, que, a la vez, realizan trabajo no remunerado del hogar.

El tema de las contingencias cubiertas, que es central en una propuesta de reforma, no se aborda en todos los proyectos. Los que las mencionan, generalmente, se refieren a las contingencias establecidas en la Constitución: enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad y muerte, sin tomar en consideración la especificidad de este colectivo. Solo un proyecto que menciona las contingencias, las acota a servicios de salud, pensiones por vejez y pensiones por invalidez.

En cuanto al financiamiento, seis de los ocho proyectos establecen al Estado como único responsable del financiamiento de las prestaciones. Mientras algunos proyectos identifican ciertos impuestos como fuente de financiamiento de las prestaciones, otros establecen subsidios cruzados entre los trabajadores. Solo dos proyectos plantean la corresponsabilidad en el financiamiento, asignando una parte de la cotización al Estado y otra al afiliado.

Es importante destacar que la sistematización de las leyes presentadas a la Asamblea Nacional sirvió de guía sobre las demandas que realiza la ciudadanía y que se presentan a través del órgano legislativo. También, nos permitió dimensionar el interés que existe en que se reconozca el trabajo no remunerado del hogar como una labor productiva, siendo elementos que se tomaron en consideración en la elaboración de la presente propuesta.

3 Marco conceptual

3.1 Análisis de derecho

Por su parte, el reconocimiento de la labor productiva del trabajo no mercantil, específicamente del trabajo no remunerado del hogar, implica un cambio de paradigma en cuanto a la concepción misma del trabajo y a la concepción ideológica de que solo el trabajo que se transa en el mercado genera valor. En este sentido, la deconstrucción del concepto tradicional del trabajo y el nacimiento de uno más amplio, que reconoce y garantiza una protección a todas las formas de trabajo, es la materialización del Sumak Kawsay o Buen Vivir.

Según Rafael Gómez, experto en seguridad social, “la novedad en la Constitución ecuatoriana es que reconoce esos derechos a todos los ciudadanos con carácter universal y, en particular, a las personas que realizan trabajo no remunerado en el hogar. Ambas exigencias suponen un reto político y financiero de primer orden, pero también un reto técnico conceptual y normativo, particularmente si se tiene en cuenta que en el panorama internacional no existen experiencias de configuración de un marco normativo específico para la afiliación y el reconocimiento de esta modalidad de trabajo humano”.

En cuanto al ámbito objetivo de protección, la Constitución enumera las contingencias clásicas de los Sistemas de Seguridad Social sin cerrar la puerta a que se puedan crear otras, siempre que se cuente con el financiamiento correspondiente. En este punto, cabe notar conceptualmente que la prestación más importante de un sistema previsional son las pensiones que protegen las contingencias por vejez, incapacidad y muerte, ya que el objetivo es prevenir la dependencia económica y la pobreza, principalmente en la vejez. Es por ello que la propuesta de afiliación del trabajo no remunerado del hogar hace énfasis en la protección familiar como consecuencia de dichas contingencias.

Como lo mencionan los catedráticos españoles8: “La Constitución del Ecuador parte del principio general de ofrecer protección desde la seguridad social al conjunto global de los ciudadanos frente a las situaciones de necesidad que pudieran afectarles. En este sentido, la amplia concepción del principio de universalidad subjetiva no impide que su contenido se limite, pues no todas las personas van a ser perceptoras de todas las prestaciones que ofrece el sistema, que, como tal, debe establecer requisitos de acceso para el otorgamiento de determinadas prestaciones. Por tal razón. La universalidad subjetiva se ha de materializar ofreciendo a los sujetos protegidos, por vías diferenciadas, la protección que en cada caso se estime conveniente”.

Finalmente, la Constitución de la República también hace referencia al financiamiento para este colectivo y establece que sus prestaciones se financiarán con aportes y contribuciones del Estado, conforme al mecanismo que determine la Ley. Es decir, además del reconocimiento del trabajo no remunerado del hogar, la norma constitucional dispone una corresponsabilidad del Estado en el financiamiento de las prestaciones para los sujetos protegidos. Es por ello que la propuesta de afiliación de este grupo considera como subsidio a la aportación por parte del Estado, pero además establece una obligación de la familia, como sujeto que se beneficia, también, del trabajo del hogar no remunerado. En conclusión, hablamos de una corresponsabilidad entre la familia y el Estado como beneficiarios del trabajo no remunerado del hogar.

3.2 Análisis de hecho

En esta sección se complementará el marco conceptual con un enfoque de género y un enfoque económico, profundizando así en el análisis sobre la inclusión normativa de las personas que realizan trabajo no remunerado del hogar al Sistema de Seguridad Social. Con este propósito se ha realizado una recopilación teórica de las políticas que han constituido materia de estudio en el ámbito de la seguridad social.

Como se destaca en el análisis que precede, el objetivo primordial de los sistemas tradicionales de seguridad social era proteger a los trabajadores en relación de dependencia. Esto se explica, en parte, debido a que los sistemas se originaron en contextos de mercados laborales donde la mayoría de los trabajadores de la esfera mercantil se encontraban en relación de dependencia. Además, la conceptualización de estos sistemas se realizó en Estados con una estructura social en la que prevalecían el libre mercado, la privatización y otros preceptos liberales amparados desde sus cartas constitucionales, que imposibilitaban el reconocimiento del trabajo no mercantil.

Sin embargo, además de la esfera mercantil existen otras tres dimensiones de clasificación de la estructura social9: la “estatal”, la “relacional” y la “doméstica-familiar y de parentesco”. Es en esta última esfera donde se desarrollan las actividades de trabajo doméstico y de cuidados en el hogar, denominado también “trabajo reproductivo”. Por este trabajo reproductivo no se entrega remuneración monetaria alguna, y ha correspondido histórica y predominantemente a una labor femenina.

Las raíces del concepto se introducen en la década de los setenta, con el enfoque de la “mujer en el desarrollo”10, pero no es sino hasta la década de los noventa cuando se plantea la necesidad de valorar y contabilizar el trabajo doméstico11. De esta innovación se deriva el estudio más profundo del uso del tiempo, a través de las encuestas de hogares, así como la incorporación de las cuentas satélites en la contabilidad nacional, con el fin de plasmar el valor agregado que el trabajo reproductivo representa efectivamente para un Estado.

Por estas razones, el derecho a la seguridad social no ha podido ser ejercido directamente por las personas que realizan trabajo no remunerado del hogar. El único canal de vinculación al sistema ha sido la dependencia que produce la afiliación de la persona que realiza trabajo productivo en el núcleo familiar, es decir, la relación se ha dado a través de la afiliación a la seguridad social tradicional de la persona que realiza el trabajo mercantil. En este escenario, las personas que realizan el trabajo no remunerado recibirán prestaciones a título personal, como la de viudedad, en los casos que corresponda, y el resto de prestaciones, solamente como externalidades positivas o extensión de la cobertura del titular del derecho.

En este contexto, la división sexual del trabajo como problema principal en el mercado laboral, las limitadas coberturas de la seguridad social, así como el divorcio de las esferas mercantil y doméstica han profundizado la desprotección de este colectivo que está representado ciertamente por mujeres. Además de la desprotección, el problema es que las políticas excluyentes colaboran a perennizar la dependencia económica de las mujeres, incluso en la vejez. Esto desconoce de forma absoluta el aporte productivo del trabajo no remunerado del hogar y, por otro lado, aporta a la subordinación y desvalorización de las mujeres.

Estos motivos son los que han incentivado la puesta en marcha de propuestas de políticas y programas que buscan generar una mayor corresponsabilidad de la sociedad y del Estado. De esta forma se incorporan a la discusión sobre las prestaciones de seguridad social, la inclusión de “asignaciones o subsidios familiares”, “asistencias sociales” y “sistemas nacionales de salud”12. Sin embargo, el reconocimiento del trabajo no remunerado del hogar implica, entre otras cosas, reconocer los cambios en las tasas de participación de las mujeres en el mercado laboral, y tomar en cuenta la portabilidad y otros factores que garanticen que las mujeres alcancen los requisitos del derecho a prestaciones desde la seguridad social contributiva y no solo desde la no contributiva.

Es necesario postular nuevos modelos para la construcción de sistemas de seguridad social que superen la limitación inicial de la división sexual del trabajo: “hombre-proveedor y mujer-cuidadora”13. Este constituye el primer paso para el reconocimiento del trabajo no remunerado del hogar y su aporte a la sociedad, tanto en el ámbito económico como en el ámbito familiar. Sin embargo, esto no representa un reconocimiento global del trabajo reproductivo, pues se requiere, además de la visibilización de su aporte productivo, la compensación por su labor y también una distribución más equitativa del trabajo.

4 Esquema de prestaciones y método de financiamiento

La segunda etapa presenta un rápido incremento de los costos, el stock de pensionistas aumenta puesto que las cohortes que ingresaron al inicio de este esquema han alcanzado el tiempo necesario para recibir pensiones por vejez y se suman a las que las reciben por invalidez, viudedad y orfandad.

Existe una tercera etapa, también llamada “de madurez”, o de “estado estacionario demográfico”. Se trata de una etapa teórica en la que se supone que se alcanza el máximo de cobertura, siempre que los determinantes estructurales no cambien en términos relativos17.

La evolución esperada de los costos del sistema es un tema central ya que el incremento de los costos de las prestaciones en el futuro es parte del proceso de maduración del sistema y se debe tener en cuenta al establecer el período de proyección actuarial.

En el caso del esquema del trabajo no remunerado del hogar, el período de evaluación se estableció en cuarenta años, por lo que se valora la primera y segunda etapas de la curva teórica de gastos. En los primeros años, el número de afiliados superaría con creces al número de pensionistas, pues se concederán muy pocas pensiones, y estas serán, sobre todo, de invalidez o muerte; mientras que, al final del período de evaluación, se encontrará en la segunda etapa y los costos se incrementarán de forma importante, sin alcanzar los niveles del período de maduración.

4.2 Prestaciones propuestas

4.2.1 Niveles socioeconómicos y bases de cotización

El esquema de trabajo no remunerado del hogar cubre a las personas que se dedican a las tareas de cuidado del hogar, en otras palabras, a las personas que realizan quehaceres domésticos o se dedican al cuidado de niños o adultos mayores en su hogar. Estas personas no deben realizar actividades que impliquen una afiliación bajo otras modalidades del Sistema de Seguridad Social.

La afiliación a este esquema se hará efectiva luego de realizar una valoración de la situación socioeconómica de la unidad económica familiar, con el fin de determinar cuánto debe aportar la familia y el Estado. La corresponsabilidad de ambas partes es indispensable para asegurar una pensión digna a quienes, con su trabajo, realizan una labor insustituible para el país.

La cotización de la persona trabajadora no remunerada del hogar se realizará sobre los ingresos de la unidad económica familiar y existirá una contribución del Estado en función de la situación socioeconómica. Se establecieron cuatro niveles socioeconómicos, en los cuales se ubicará a las familias, en función de sus ingresos, de acuerdo a la siguiente tabla.

Tabla 1: Niveles socioeconómicos y tasas de cotización del esquema de TNRH

(Valores en dólares al 2015)

Elaboración: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social – Gerencia de Seguridad Social

En el primer nivel socioeconómico, que se denomina “nivel de subsistencia”, se encuentran las familias con ingresos menores al 50% del SBU. Estas familias ingresan al sistema aportando sobre el 25% del SBU (USD 88,5 al 2015), una tasa de cotización de 2,25%, lo que significa que deberán pagar mensualmente USD 2. El Estado contribuye para este nivel, de forma solidaria, con una tasa de cotización de 11%, es decir USD 9,70, lo que, sumado a la aportación de la familia, da como resultado una tasa de aportación total mensual de 13,25%.

El siguiente nivel se denomina “nivel medio”, y aquí se ubican las familias con ingresos iguales o superiores al 50% del SBU e inferiores al 100% del SBU. Este grupo ingresa al sistema aportando sobre el 50% del SBU (USD 177), una la tasa de cotización mensual de 5,3%, mientras que el Estado aporta una tasa de 7,95%, es decir, un menor porcentaje respecto al nivel de subsistencia.

En el tercer nivel, o “nivel medio alto”, se encuentran las personas cuyos ingresos familiares son iguales o superiores al 100% del SBU e inferiores al 150% del SBU; la base de cotización será el 75% del SBU (USD 265,5), las familias cotizarán 7,3%, y el Estado aportará un 5,95%.

Finalmente, en la última categoría, el “nivel alto”, se sitúan las familias con ingresos iguales o superiores al 150% del SBU. La base de cotización para este grupo es el 100% del SBU o más, y las unidades familiares que se encuentren en este nivel deberán aportar, por la persona que realiza el trabajo del hogar, 13,25% de la base de cotización. En este nivel, por otra parte, el Estado no realiza ninguna cotización.

Se debe indicar que los montos de aporte corresponden al salario básico unificado (SBU) del año 2015, que cambiarán en la medida que este se modifique.

4.2.2 Contingencias cubiertas y prestaciones económicas propuestas

Las contingencias cubiertas en todos los niveles socioeconómicos, para las personas que ingresen en el esquema de trabajo no remunerado del hogar, y las prestaciones económicas propuestas son las siguientes:

Vejez. El objetivo de cubrir la contingencia de vejez es reducir el riesgo de caer en pobreza y en dependencia económica en la adultez mayor.

La prestación propuesta es una pensión mensual vitalicia que se paga a mes vencido una vez que la persona afiliada acumule un mínimo de 240 aportaciones mensuales (veinte años de aportes) y cumpla, al menos, los 65 años de edad.

Incapacidad permanente total o absoluta. El objetivo es reducir el riesgo de caer en pobreza ante una incapacidad que limite las posibilidades de realizar las labores del hogar.

La prestación propuesta ante esta contingencia es una pensión mensual vitalicia que se paga a mes vencido, siempre que la trabajadora no remunerada del hogar se encuentre al día en el pago de sus aportaciones y cumpla las siguientes condiciones:

• ·  al menos seis aportaciones mensuales para las personas que tengan entre 15 y 25 años de edad;
• ·  al menos 36 aportaciones mensuales para las personas que tengan entre 26 y 45 años de edad;
• ·  al menos sesenta aportaciones mensuales para las personas de 46 años de edad en adelante.Muerte. Cubrir esta contingencia permitirá reducir el riesgo de que los miembros de la familia (cónyuge o pareja legalmente reconocida, e hijos menores de edad o con discapacidades) caigan en pobreza ante la muerte de la persona trabajadora no remunerada del hogar. Las pensiones de viudedad y orfandad se entregarán a los derechohabientes siempre que la persona afiliada, al momento de su fallecimiento, cumpla las siguientes condiciones:

• ·  al menos seis aportaciones mensuales para las personas fallecidas que tengan entre 15 y 25 años de edad;
• ·  al menos 36 aportaciones mensuales para las personas fallecidas que tengan entre 26 y 45 años de edad;
• ·  al menos sesenta aportaciones mensuales para las personas fallecidas de 46 años de edad en adelante.Pensión por viudedad. La prestación propuesta ante esta contingencia es una pensión mensual vitalicia que se paga a mes vencido. El derecho a esta prestación se extingue cuando la persona viuda se casa o se le reconoce legalmente una pareja.Pensión por orfandad. La prestación propuesta ante esta contingencia es una pensión mensual que se paga a mes vencido hasta cuando la persona huérfana cumpla 18 años, y en el caso de personas huérfanas con discapacidad la pensión será vitalicia.

  Auxilio para funerales. La prestación por auxilio para funerales corresponde a un monto que tiene el objeto de cubrir los gastos fúnebres. Para acceder a la prestación económica para funerales la persona causante debió haber cumplido un mínimo de seis aportaciones mensuales durante los 12 meses anteriores a su fallecimiento.

  En el caso de que no exista cónyuge o pareja legalmente reconocida ni hijos, se entregará una pensión de montepío a los padres siempre que estos estuviesen a cargo del causante y no recibieran otro tipo de pensión del Sistema de Seguridad Social.

  Es importante resaltar que las personas que ingresarán en el esquema de trabajo no remunerado del hogar actualmente tienen acceso a servicios de salud ofertados gratuitamente por el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, en la propuesta no se considera la cobertura de la contingencia de enfermedad y maternidad, ni se ha contabilizado una cotización para la misma.

4.2.3 Montos de las prestaciones y fórmula de cálculo

El monto de las prestaciones otorgadas dependerá del nivel socioeconómico en el que se encuentre aportando la persona que realiza trabajo no remunerado del hogar. Para el año 2015, las prestaciones ascienden a los siguientes montos:

Tabla 2: Monto de las prestaciones económicas, al 2015, para el esquema del TNRH

Elaboración: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social – Gerencia de Seguridad Social

En el nivel de subsistencia, la pensión por vejez y por incapacidad absoluta será equivalente a USD 79 (con respecto al SBU de 2015), lo que corresponde al 90% de la base de cotización. Para las pensiones de muerte e incapacidad total el monto será de USD 70, es decir, el 80% de la base de cotización.

En el nivel medio, la pensión por vejez e incapacidad absoluta será igual a USD 115, es decir, el 65% de la base de cotización. Para las pensiones de muerte e incapacidad total el monto será de USD 106, lo que significa el 60% de la base de cotización.

En el nivel medio alto, la pensión mínima por vejez e incapacidad absoluta será equivalente a USD 165, es decir, el 62,5% de la base de cotización. Las pensiones mínimas de muerte e incapacidad total serán de USD 146, equivalentes al 55% de la base de cotización. En este nivel, a medida que las personas aumenten sus años de aportación, la pensión por vejez se incrementará correspondientemente.

En el nivel alto, la pensión mínima por vejez e incapacidad absoluta será igual a USD 221, es decir, el 62,5% de la base de cotización. Para las pensiones mínimas de muerte e incapacidad total, el monto será de USD 194, lo que da como resultado una sustitución de ingresos igual al nivel anterior de 55% de la base de cotización. De la misma forma que en el nivel medio alto, las pensiones por vejez podrán aumentar mientras más años se aporte.

De esta manera se genera una coherencia conceptual, porque se incorpora un componente de solidaridad entre los diferentes niveles socioeconómicos, es decir, en el nivel de subsistencia se parte de una sustitución de ingresos mayor que en el nivel alto, aunque el monto absoluto de la prestación es mayor a medida que la base de cotización y los años de aportación crezcan, dependiendo del nivel socioeconómico. Por último, el monto de la prestación para subsidio de funerales será equivalente a cuatro salarios básicos unificados para todos los niveles de aportación.

5 Caracterización de la población objetivo

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), a diciembre de 2013 la PEI de 15 años de edad y más fue de 4 247 385 personas, entre las que se incluyen rentistas, jubilados/as, estudiantes, amas de casa, incapacitados, entre otros. De este total, 1 834 188 se autodenominaron “amas de casa”, lo que equivale al 43,18% del total de personas en la PEI (ver Gráfico 3), de las cuales el 99,8% son mujeres y menos del 0,2%, hombres.

Cuando se analiza el estado civil de las amas de casa en la PEI se encuentra que el 78% son casadas o viven en unión libre18, y el 9% se encuentran solteras; este comportamiento difiere del observado en la población femenina nacional19 (ver Gráfico 4).

Al analizar la composición demográfica de las personas que se autodefinen como amas de casa dentro de la PEI (1 834 188) se observa una población relativamente joven; el 66% tiene menos de 50 años de edad y este porcentaje se incrementa a 87% si se calcula en relación al total de personas entre 15 y 65 años de edad.

Territorialmente, las amas de casa se distribuyen de manera proporcional a la distribución de población nacional por provincias. En otras palabras, las provincias que registran un mayor número de amas de casa son las mismas provincias que concentran un mayor número de personas con respecto a la totalidad de la población nacional. El Gráfico 6 muestra la distribución porcentual de amas de casa por cada provincia.

Del total de amas de casa de la PEI (1 834 188), el 57% se concentra principalmente en tres provincias: Guayas, Pichincha y Manabí. En la primera existen 520 553 amas de casa, es decir el 28% del total, siendo esta la mayor concentración de amas de casa por provincias; en Pichincha se encuentran 288 358 personas que se autodefinen como amas de casa, lo cual representa el 16% del total; mientras que en Manabí se encuentra el 13% de amas de casa. Estas regiones, que se encuentran de color verde en el mapa, son las provincias que concentran la mayor cantidad de amas de casa21.

Las provincias de color amarillo concentran una menor proporción de amas de casa respecto del total de personas, de entre 3% y 10%. En este rango se encuentran provincias como: Los Ríos, con 7,2%; El Oro, con 4,8%; Esmeraldas, con 4,2%; Azuay, con 3,3%; Santa Elena, con 3,2%; y Santo Domingo de los Tsáchilas, con el 3%. En las demás provincias (de color blanco en el mapa) la concentración de amas de casa es muy pequeña, en ninguna de ellas se alcanza el 3% del total de personas.

También se analiza el porcentaje de mujeres que se dedican a las tareas del hogar según autoidentificación étnica en el país (ver Tabla 3). En este sentido, en términos generales, de las 5 738 386 mujeres de 15 años de edad, un importante 32% se dedica a las tareas del hogar. Llama la atención que del total de mujeres montubias, el 55% hace esta labor, mientras que el porcentaje de mujeres indígenas (19%) se encuentra por debajo del promedio nacional.

Tabla 3: Proporción de mujeres amas de casa por etnia (del total de mujeres de 15 años de edad y más)

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Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU), diciembre 2013 Elaboración: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social – Gerencia de Seguridad Social

Si lo comparamos con la distribución de la población general por provincias encontramos la misma distribución: en Guayas, por ejemplo, se concentra el 25% de la población, seguido de Pichincha, con el 18%, y Manabí, con el 9%.

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Es interesante analizar el tiempo utilizado por las personas que se identifican como amas de casa dentro de la PEI en la realización de quehaceres domésticos o de trabajo no remunerado en el hogar. Entre las tareas que se llevan a acabo se encuentran el arreglo de la casa, realización de compras, arreglo de ropa, preparación de alimentos, cuidado a niños, adultos mayores, personas con discapacidad o que padecen alguna enfermedad, y ayuda en la realización de tareas escolares.

Gráfico 7: Horas semanales promedio dedicadas a las tareas del hogar por las amas de casa (personas de 15 años de edad y más)

40 30 20 10

0

37,4

Arreglo de casa Compras

Arreglo ropa Preparación alimentos

Cuidado niños, ancianos y enfermos Ayuda en tareas escolares

Total

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU), diciembre 2013 Elaboración: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social – Gerencia de Seguridad Social

El Gráfico 7 muestra las horas promedio que las amas de casa dedican a la realización de tareas del hogar. Se observa que dedican, en promedio, 37 horas semanales a la realización de trabajo no remunerado, es decir, el número de horas equivalente a una jornada legal de trabajo, de ocho horas diarias, que correspondería a cuarenta horas semanales; con la salvedad de que las tareas o el trabajo no remunerado del hogar se caracteriza por una disponibilidad de 24 horas diarias y todos los días de la semana.

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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

5.2 El trabajo no remunerado del hogar de la población económicamente activa ocupada

La población económicamente activa ocupada de personas de 15 años de edad y más, a diciembre de 2013, asciende a 6 664 241 personas; de este total, 542 743 entran en la categoría de trabajo no remunerado, tanto “en el hogar” como “no del hogar”, lo que equivale a alrededor del 8% del total de la PEA ocupada (ver Gráfico 8).

Respecto de la división por sexo, del total de personas dedicadas al trabajo no remunerado de la PEA, el 69% son mujeres, mientras que el 31% restante, hombres. Y es al grupo de mujeres que se incluye dentro de potenciales afiliados al esquema de trabajo no remunerado del hogar.

Gráfico 8: Estructura de la PEA ocupada por categoría de ocupación.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU), diciembre 2013 Elaboración: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social – Gerencia de Seguridad Social

Es importante recalcar que los datos mostrados en la presente sección para la caracterización inicial del total de personas que se dedican al trabajo no remunerado del hogar provienen de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU), mientras que los datos que se presentarán en la siguiente sección, sobre las proyecciones demográficas del trabajo del hogar no remunerado, se alimentan de fuentes de información distintas (que serán explicadas posteriormente). Por lo tanto, se podrá encontrar pequeñas diferencias con respecto a los datos mostrados en esta sección.

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6 Proyecciones
e hipótesis actuariales

6.1 Proyecciones de población

El estudio de la incorporación de las personas que realizan trabajo no remunerado del hogar al Sistema de Seguridad Social requiere como insumo básico las proyecciones de la población, para observar la dinámica demográfica del país; esta nos proporciona el marco de referencia para la cuantificación del mercado laboral y la posterior proyección del número de personas que realizan trabajo no remunerado del hogar. En este sentido se requiere determinar algunos parámetros que guiarán la selección de las

fuentes de información y el modelo de proyección a utilizar.

El primer parámetro que se debe establecer es el período de proyección, el cual fue acordado, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en cuarenta años.

Las proyecciones de población oficiales, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), corresponden al período 2010-2020, y, por lo tanto, para efectos del modelo actuarial, no cumplen con el período de proyección acordado.

Por esta razón, se utilizó las proyecciones de población elaboradas por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)22, ya que el período de proyección es 1950-2100 y nos permite cubrir el tiempo acordado para este estudio.

Las proyecciones de población del CELADE, revisadas en el año 2013, proporcionan información por sexo y en grupos quinquenales de edad. La pirámide poblacional del Ecuador, como resultado de estas proyecciones, se presenta en los gráficos 9 y 10.

22 CELADE. “Estimaciones y proyecciones de población en el largo plazo. 1950-2100” (Santiago de Chile: División de Población de CEPAL, 2013).

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La forma de la pirámide poblacional por edades simples al 2014 mantiene la misma estructura que la mostrada por grupos quinquenales de edad; por lo tanto, la transición de la pirámide poblacional ecuatoriana en los años posteriores muestra, de igual forma, un envejecimiento poblacional.

6.2 Proyecciones de la población por condición laboral

La población en edad de trabajar está compuesta por todas las personas de 15 años de edad y más. Esta población se puede dividir entre los que están trabajando o desean hacerlo, en actividades del mercado de trabajo, segmento conocido como población económicamente activa (PEA); y quienes no participan en el mercado de trabajo, no desean hacerlo y se dedican a otras actividades como estudiar, ser rentistas, se encuentran discapacitadas, son amas de casa, etc., a este grupo se lo conoce como población económicamente inactiva (PEI).

El trabajo no remunerado del hogar, según las estadísticas laborales, se clasifica, principalmente, en la población económicamente inactiva. Entonces, es necesario proyectar la población en edad de trabajar y la población económicamente activa, y de la resta de ambas se obtendrá la población económicamente inactiva, que finalmente nos servirá para calcular el número de personas que se encontrarán en el rango del trabajo no remunerado del hogar.

6.2.1 Proyección de la población en edad de trabajar (PET)

Según el INEC24, la población en edad de trabajar (PET) está conformada por las personas de 15 años de edad y más. Utilizando las estimaciones y proyecciones de la población del Ecuador del CELADE25, descritas en el apartado anterior, para el año 2014 la PET es de 11,2 millones de personas, de las cuales el 49% son hombres y el 51% restante, mujeres.

Para 2015 se proyecta que alcance los 11,5 millones y que la distribución entre hombres y mujeres se mantenga. El Gráfico 12 muestra la proyección de la PET para el período 2013-2100, se puede observar un importante crecimiento hasta el año 2100, cuando esta población alcanza un poco más de 20 millones.

24. 24  INEC. “Metodología para la medición del empleo en el Ecuador” (Quito: 2014), 14.
25. 25  Desagregadas por edades simples mediante el método de Sprague.

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Tomando este supuesto se obtiene la siguiente distribución del número de afiliados por nivel de ingreso y niveles socioeconómicos (descritos en la sección Niveles socioeconómicos y bases de cotización).

Tabla 4: Distribución del número de potenciales afiliados por niveles socioeconómicos

PROYECCIONES E HIPÓTESIS ACTUARIALES

Elaboración: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social – Gerencia de Seguridad Social

Con esto, alrededor de 450 mil personas trabajadoras no remuneradas del hogar se encontrarían en el nivel de subsistencia, mientras que en el nivel socioeconómico medio estarían 600 mil; en el medio alto, 300 mil, y en el alto habría 150 mil personas trabajadoras no remuneradas del hogar.

6.5 Supuestos económicos

La determinación de los supuestos económicos juega un papel importante en un estudio de sostenibilidad financiera-actuarial, ya que se convierten en los parámetros exógenos de la proyección de los ingresos y los gastos. A continuación se detallan los principales supuestos económicos utilizados en este estudio, resumidos en la Tabla 5.

Tasa de inflación. La fuente de información oficial de la variación anual del índice de precios (IPC) observada es el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Sin embargo, el INEC no realiza proyecciones de este indicador, por lo que se recurrió a la que elabora el Ministerio Coordinador de Política Económica para la programación cuatrienal 2014-2017 que fue presentada con la proforma presupuestaria del ejercicio fiscal 2014. A partir del año 2018 hasta el final del período de proyección se ha supuesto una tasa de inflación de 3,2%, que representa el promedio 2013-2017.

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Tasa de crecimiento de la productividad. La tasa de crecimiento de la productividad para el período 2013-2017 se ha obtenido del crecimiento de la productividad por trabajador, calculada como la división del valor agregado bruto (obtenida de la programación cuatrienal) para el número de personas ocupadas (de las proyecciones del mercado laboral). A partir del año 2018 en adelante se ha supuesto una tasa de crecimiento de la productividad de 1,5%, que corresponde a la tasa de crecimiento promedio en países de América Latina, utilizando la información de CEPAL-OIT31.

Tabla 5: Supuestos económicos utilizados en el período de proyección

Fuente: Recopilación de varias fuentes Elaboración: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social – Gerencia de Seguridad Social

Tasa de interés nominal. La tasa de interés nominal se ha calculado a partir de la tasa de inflación, explicada anteriormente, y la tasa de interés real, que se ha supuesto en 4% para todo el período de proyección. La fórmula utilizada fue la siguiente:

[(1+ir)*(1+it)]; donde ir es la tasa de interés real e it la tasa de inflación.

Crecimiento de los ingresos. La tasa de crecimiento de los ingresos para el período 2013-2015 corresponde al incremento observado del salario básico unificado. A partir de 2016 se ha supuesto igual a la tasa de inflación.

Monto del salario básico unificado. El salario básico unificado a partir de 2016 se ha calculado con la tasa de crecimiento de los ingresos.

31 CEPAL-OIT. “Productividad laboral y distribución”, Boletín Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe No. 6 (2012), 10.

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6.6 Metodología de evaluación

6.6.1 Funcionamiento teórico del modelo actuarial

El modelo actuarial de pensiones (ILO-PENS) utilizado en el presente documento tiene implícito el método de proyecciones demográfico- financieras que prevé como objetivo principal estimar “los costos futuros con base en el método de descomposición de las cohortes y los distintos estatus de una persona, así como los valores asociados (salario promedio, pensión promedio) se proyectan cada año”32.

Según la OIT, el modelo simula anualmente los costos futuros, de acuerdo a “la transición del estatus de una persona (persona activa, persona inactiva, pensionista) [de un año] al año siguiente mediante la utilización de probabilidades actuariales hipotéticas de transición (tasa de mortalidad, tasas de jubilación [tasas de invalidez, tasas de salida]) y la aplicación de condiciones de elegibilidad y fórmulas de cálculo de las pensiones. Este ciclo se repite hasta el final del período de proyección. A través del resumen de resultados específicos en términos de edad, se obtienen los costos globales futuros”33. Un esquema de este método se encuentra en el Anexo 2.

El modelo permite obtener cuatro resultados principales: 1) evoluciones de gastos e ingresos previsionales anualmente en el período de proyección, 2) distintos métodos de financiamiento por medio de tasas de cotización representadas por la prima media general y la prima de reparto puro (PAYG), 3) evolución futura de las reservas del sistema y 4) realización de análisis de sensibilidad mediante cambio en parámetros.

6.6.2 Hipótesis actuariales

Las hipótesis actuariales establecen los valores de los parámetros que determinan el comportamiento estructural del modelo.

Hipótesis demográficas y estadísticas

PROYECCIONES E HIPÓTESIS ACTUARIALES

32 33

• ·  Se asume que las proyecciones de población, PET, PEA, PEI y de personas trabajadoras no remuneradas del hogar no tienen errores significativos.
• ·  La tasa de crecimiento de la población por sexo es válida para la población objeto de estudio.OIT. “Modelo de pensiones de la OIT. Una guía técnica” (Ginebra: Servicio de Actividades Financieras, Actuariales y Estadísticas, Departamento de la Seguridad Social, 1998), vii.OIT. “Modelo de pensiones de la OIT”, 9.

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Hipótesis económico-financieras

· Se asume que las variables financieras anuales presentadas en la sección 6.5 permanecerán relativamente estables en su valor promedio, en el período de proyección.

Hipótesis actuariales y biométricas

• ·  Año base: 2013
• ·  Período de proyección: 2013-2053
• ·  Período de presentación de resultados: 2015-2053
• ·  Probabilidad de muerte: Se asume que las probabilidades de muerte proporcionadas por el INEC para el período 2010-2050, que se utilizaron en la proyección de población total publicadas por el INEC, se pueden generalizar para este grupo de población.
• ·  Tasas de invalidez: Se supone que la tasa de entrada a la invalidez, calculada por el MCDS con información de pensionistas que entran a la invalidez entre el 2010 y 2013 por sexo, no tiene errores significativos y se puede aplicar a las personas trabajadoras no remuneradas del hogar.
• ·  Entradas: Se asumió que las nuevas generaciones de personas afiliadas pueden incorporarse al esquema en el rango de edades de 15 a 50 años.
• ·  Estructura familiar: Se espera que la estructura familiar —porcentaje de personas casados o en unión de hecho, la edad promedio de la pareja, el número promedio de hijos y la edad promedio de los hijos— estimada a través de la ENEMDU para la población afiliada al IESS sea válida para este grupo de población.
• ·  Ajuste de las pensiones en curso de pago: Se ha asumido que las pensiones de este esquema se ajustarán con la inflación, aun cuando se encuentra vigente, para el régimen general, una tabla de ajuste de pensiones aprobada con la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social en noviembre del año 2010.Por la metodología y las hipótesis actuariales descritas, el modelo utilizado en el presente estudio es de proyecciones demográfico-financieras, determinístico, paramétrico, y tiene una población cubierta que presenta entradas en el rango de 15 a 50 años.

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6.7 Resultados de la evaluación

6.7.1 Resultados del escenario base

Una vez que se ha establecido que las pensiones de este esquema se calculan como un beneficio definido bajo un régimen financiero de capitalización parcial colectiva, los resultados obtenidos toman en cuenta los siguientes aspectos: existirán cuatro niveles socioeconómicos que contribuirán, de acuerdo a los ingresos familiares, una tasa de cotización igual a 13,25%. Este esquema cubrirá pensiones por invalidez, vejez y muerte, las mismas que serán diferenciadas de acuerdo al nivel socioeconómico y se entregarán luego de cumplir ciertos requisitos. La población potencialmente afiliada estará en el rango de edad de 15 a 50 años y se incorporará con una tasa de cobertura inicial del 40%, con un incremento de 5 puntos porcentuales por año hasta alcanzar el 80%.

Tabla 6: Resumen de los principales resultados

PROYECCIONES E HIPÓTESIS ACTUARIALES

Fuente: Modelo de proyección actuarial, ILO-PENS, OIT Elaboración: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social – Gerencia de Seguridad Social

El número total de afiliados al sistema se determina en el modelo del esquema de trabajo no remunerado del hogar como un porcentaje del total de potenciales afiliados. Al 2015, se espera una tasa de cobertura del 40% del total de potenciales afiliados (1,5 millones de personas), lo que significa comenzar con 581 717 personas; la tasa de cobertura crecerá de forma progresiva y, por

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esta razón, al 2050 se logrará incluir a 2 342 790 personas al esquema de trabajo no remunerado del hogar.

La masa cotizable anual se conforma de la suma de los ingresos familiares cotizables de los distintos niveles socioeconómicos, es decir, se obtiene del número de contribuyentes por nivel según la base de aportación anteriormente establecida, con lo cual se observa que el ingreso familiar cotizable está determinado, en gran medida, por la evolución del número de contribuyentes en cada nivel y del crecimiento del SBU. Al 2015 se alcanzaría una masa cotizable total de USD 1 822 millones, llegando, al 2053, a un monto total de USD 22 665 millones.

Los ingresos por contribuciones, por su parte, constituyen los ingresos del sistema derivados del monto personal cotizado por cada una de las personas trabajadoras no remuneradas del hogar, en cada nivel socioeconómico, y la aportación del Estado para la incorporación de este colectivo al Sistema de Seguridad Social. Al 2015 se obtendrían USD 241 millones como ingresos totales, de los cuales USD 158 millones corresponden a los ingresos por aportaciones personales y USD 83 millones a la contribución del Estado.

Finalmente, el número de pensionistas, conjuntamente con el gasto pensional, presentan tendencias crecientes a lo largo del período de análisis. Como se puede observar, hasta el año 2030 no se registrará ningún pensionista por vejez; la razón de esto radica en que para acceder a esta prestación se debe cumplir con una edad mínima de 65 años y al menos veinte años de aportación. Partiendo de que el sistema recién empieza —sistema joven—, y las personas incluidas en el mismo no registran mayor número de cotizaciones acumuladas, los primeros años serán únicamente de acumulación, exceptuando gastos por concepto de prestaciones por invalidez, viudedad, orfandad y auxilio por funerales.

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La evolución de las reservas muestra una tendencia creciente a lo largo de todo el período de proyección, registrando, en el 2015, un total de USD 250 millones, y al 2050, USD 137 584 millones. La evolución de este indicador de resultados se observa en el Gráfico 21.

Finalmente, al comparar los gastos frente a los ingresos del sistema, y los indicadores de sostenibilidad antes mencionados, se puede determinar que el esquema de trabajo no remunerado del hogar es sostenible durante en los próximos cuarenta años.

6.7.2 Análisis de sensibilidad

El presente escenario de sensibilidad se ha realizado para conocer el impacto que tendría en la sostenibilidad financiera una variación en el ajuste de las pensiones en curso de pago, que en el escenario base se supuso que era la inflación.

Se ha sustituido este supuesto y el ajuste de las pensiones se realizará por medio de la tabla vigente y establecida en la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, del 18 de noviembre de 2010, según se presenta a continuación.

Tabla 7: Ajuste de pensiones en curso de pago

PROYECCIONES E HIPÓTESIS ACTUARIALES

Fuente: Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, 18 de noviembre de 2010 Elaboración: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social – Gerencia de Seguridad Social

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En este sentido, los resultados obtenidos muestran que el gasto en prestaciones aumenta como consecuencia del ajuste de las pensiones en curso de pago mediante la tabla. En el año 2030, el gasto pensional será de USD 87 millones, frente a USD 69 millones, si las pensiones se ajustan por medio de la inflación, es decir, 1,2 veces más. Al 2050, el gasto prestacional alcanzará los USD 3 792 millones, mientras que si se ajusta por la inflación llega a los USD 2 439 millones (ver Tabla 8).

De forma general, los resultados muestran que el ajuste de las pensiones en curso de pago mediante la tabla representa un aumento en los costos previsionales de este esquema y, por tanto, le restan sostenibilidad financiera al mismo.

Tabla 8: Resumen de los principales resultados – escenario de sensibilidad

Fuente: Modelo de proyección actuarial, ILO-PENS, OIT Elaboración: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social – Gerencia de Seguridad Social

El Gráfico 22 muestra las tasas de financiación del sistema para el escenario de sensibilidad. El ajuste de pensiones en curso de pago afecta a la prima media general y a la prima de reparto puro, que muestran la evolución de los gastos del sistema. En este sentido, la tasa de cotización para pensiones no se modifica en 13,25%, al igual que el aporte de las familias, que en promedio será de 8,8%, y el subsidio del Estado, que será de 4,4%.

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7 Conclusiones

La incorporación del trabajo no remunerado del hogar al Sistema de Seguridad Social es un mandato constitucional que rompe con la concepción originaria de los seguros sociales, que restringía la protección de las contingencias previsionales de seguridad social a la existencia de una relación laboral. En este sentido, materializar una propuesta que rompe paradigmas tradicionales y de exclusión significa un reto técnico y político

importante.

Merece la pena resaltar que la incorporación de las personas que realizan trabajo no remunerado del hogar al Sistema de Seguridad Social significa reconocer que las tareas de cuidado y del hogar, realizadas principalmente por mujeres, son un trabajo socialmente útil y productivo para el país. No incorporar a las personas que con sus tareas diarias fomentan y contribuyen al desarrollo de un país sería ir en la dirección contraria a lo que se establece en la norma constitucional.

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), en el esfuerzo de elaborar una propuesta de incorporación de las personas trabajadoras no remuneradas del hogar ha planteado la cobertura de las contingencias de vejez, invalidez y muerte, con una tasa de cotización de 13,25%, subsidiada por el Estado de acuerdo a cuatro niveles socioeconómicos.

La propuesta del MCDS se encuentra respaldada por el presente estudio de sostenibilidad financiera actuarial, que ha sido realizado para un período de cuarenta años, que determina que el esquema de trabajo no remunerado del hogar, al final de su período de proyección, se encontraría en la segunda etapa de la curva de maduración de costos de un sistema de pensiones.

Se concluye que al analizar los indicadores de sostenibilidad, tanto en el escenario base como en el escenario de sensibilidad, se demuestra que el

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esquema de afiliación de las personas trabajadoras no remuneradas del hogar es factible, pues los ingresos serán suficientes para cubrir los gastos por los próximos cuarenta años, bajo los supuestos e hipótesis establecidos.

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9 Anexos

9.1 Anexo 1: Resumen de los proyectos de ley presentados a la Asamblea Nacional durante el período 2009-2014, referentes al trabajo no remunerado del hogar

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ANEXOS